Inquilinos y propietarios desprotegidos ante el alquiler
El problema de la vivienda de alquiler no pasa por incriminar ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios, si no que hay que luchar contra los fondos buitres que son los que disparan el precio del alquiler haciéndolo insostenible para muchos.
Los precios del alquiler no dejan de dispararse en España, la situación es muy grave, sobretodo en las grandes ciudades españolas. En Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Málaga y Sevilla la renta media por alquiler es de 1.000 euros mientras que la media a nivel nacional se sitúa en los 859 euros.
Si a esto se le suma que los sueldos siguen precarios, la situación actual es desalentadora. Ni tan solo Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, otrora activista de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) ha podido ganar su batalla contra los inversores y los fondos buitres, aunque ha hecho crecer considerablemente el alquiler social como respuesta a las condiciones actuales.
Los ciudadanos se sirven de plataformas online para dar con un alquiler que esté a la altura de sus expectativas y los partidos políticos solo dan soluciones cuando se encuentran en campaña electoral. Hace pocos días saltó la noticia del suicidio de una mujer de 65 en Madrid. Se tiró por la ventana de su piso horas antes de recibir la comitiva por la que iba a ser desahuciada, lo que evidencia la desprotección en la que viven las personas que no pueden hacer frente al alquiler.
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Los derechos básicos de los inquilinos en España no están garantizados
Amnistía Internacional había advertido en 2017 con un informe de esta desprotección pero las medidas para poder frenar este espinoso asunto no llegaron a tiempo para muchos. Alejandra San Jacinto, la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca advierte que la ONU también ha advertido que los derechos básicos de los inquilinos en España no están garantizados.
El problema se agrandó con las medidas que tomó el PP años antes que garantizaban desahucios exprés para proteger a los dueños de las viviendas. La solución pasa por la Administración y también por los Ayuntamientos, el de Madrid, por ejemplo, ya ha anunciado que regulará y limitará las subidas abusivas de los precios de alquiler y el Gobierno de Pedro Sánchez junto a Unidos Podemos incluyó en su acuerdo de presupuestos, que no consiguen firmar junto a la oposición, medidas para revertir la desprotección de los inquilinos.
Nunca se había dibujado un escenario tan imbricado en el sector de la vivienda de alquiler en España
La crisis económica sigue estando presente, los sueldos son precarios y las exigencias sociales son muchas. Porque además de pagar el adelanto para el alquiler y tener que hacer frente a un pago mensual, el inquilino debe de invertir en otras cosas para conseguir tener un espacio confortable.
¿Saben cuanto cuesta dar de alta el agua? en las grandes ciudades alrededor de 150 euros y lo mismo ocurre con la electricidad, si bien estos servicios deben de estar dados de alta por el propietario, pero el contrato debe de cambiarse de nombre.
El cambio de titularidad se hace para que sean los inquilinos quienes se hagan cargo de estos y cuando se producen impagos con el consiguiente corte de suministros, estos deben de abonarlos los propietarios al volver a alquilar la vivienda.
La situación es más que compleja, sobre todo para los pequeños propietarios que se deben de hacer cargo de inquilinos morosos. En cualquier caso, según los expertos en vivienda, nunca se había dibujado un escenario tan imbricado en el sector de la vivienda de alquiler en España, uno en la que los propietarios también buscan protección y se asocian o aseguran sus viviendas por tal de protegerse.
Afortunadamente no estamos ante una realidad estanca pero conviene actuar en justicia por no perjudicar a ninguno de los dos actores, inquilinos y propietarios. La actuación debería hacerse directamente encima de los fondos buitres que son los que, con sus malas praxis, crean desprotección y confusión en un sector, el del alquiler, que en la Constitución Española también se contempla como una necesidad de primer orden a la que tienen derecho todos los ciudadanos.
